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Presidente Correa: “Jamás aprobaré la despenalización del aborto” en Ecuador

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Va a provocar una fuga de profesionales porque se sienten inseguros con esa disposición. Los médicos experimentados no querrán intervenir en los casos más graves por miedo a la criminalización en una posible muerte del paciente”, dijo a la AFP el secretario de la Federación Médica Ecuatoriana, Carlos Figueroa.

 

Entre unos 40 nuevos delitos incluidos en el código, que reemplazará al vigente desde 1938 y cuyo contenido mayoritario fue aprobado la semana pasada por el Congreso (bajo control del oficialismo), está el de homicidio por mala práctica profesional.

 

Esa falta será sancionada con hasta cinco años de cárcel, además de la revocatoria temporal de la licencia profesional y la obligación de rendir un examen para reinsertarse en el mercado laboral.

 

Asimismo, la norma -que será puesta a consideración de Correa- desató cuestionamientos de activistas por los derechos de la mujer, que impulsan la legalización del aborto y penas diferenciadas para el feminicidio (asesinato de mujeres por razones de género).

 

Feminicidio y asesinato con penas idénticas

El oficialismo tipificó el feminicidio con condenas de 22 a 26 años de prisión, las mismas que las previstas para el asesinato, y dio luz verde a la acumulación de penas con un tope de 40 años de reclusión.

 

“Se debe valorar la inclusión del feminicidio, pero debió tener penas diferenciadas”, declaró a la AFP Tatiana Ortiz, directora del privado Centro para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) de Guayaquil (suroeste). “El código no reconoce que en el país existe una violencia específica contra las mujeres”, añadió.

 

Lita Martínez, una coordinadora del Cepam, precisó a la AFP que “debería pensarse en una sanción mayor ejemplificadora” para los casos de feminicidio, para lo cual el Cepam había planteado penas de 28 a 35 años de cárcel.

 

Según Ortiz, la norma “debió incluir el delito de violencia patrimonial, una de las más frecuentes que se expresa de diversas formas, como cuando el marido amenaza con no proveer los bienes económicos para la supervivencia de la familia”.

 

Cuando solo falta su visto bueno, Correa ha desoído las críticas. “No conozco ningún organismo serio que se haya pronunciado contra el código”, expresó el mandatario, quien lleva casi siete años en el poder y cuyo actual período se extenderá hasta 2017.

 

“Es evidente que necesitamos un nuevo código”, indicó también Correa. Y agregó: “Obviamente se habrá cometido errores. Siempre se puede reformar la ley posteriormente y creo que el código es bueno”.

Aborto, “una oportunidad perdida”

El tratamiento del tema del aborto en el nuevo código también fue motivo de polémica. La legisladora oficialista Paola Pabón debió incluso retirar una propuesta de despenalizar esta práctica en todos los casos de violación sexual, luego de que Correa amenazara con renunciar si se aprobaba esa iniciativa.

 

El jefe de Estado, quien se autoproclama humanista, católico y de izquierda y admite ser conservador en cuestiones morales, ha enfatizado: “Jamás aprobaré la despenalización del aborto”.

 

“Perdieron la oportunidad de pasar a la historia como los legisladores que por primera vez protegieron a la mujer de la violencia sexual, que es tan común en el país”, afirmó a la AFP Verónica Vera, de la organización Frente de Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, que promueve la despenalización del aborto en todos los casos de violación.

 

Citando a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al ministerio nacional de Salud, la activista dijo que en Ecuador se registran unos 125.000 abortos al año y que esa práctica clandestina es la tercera causa de mortalidad materna.

 

“Defendemos que las mujeres podemos ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos íntegramente, de decidir sobre nuestros cuerpos y de cuándo, cómo y en qué condición ser madres”, apuntó a su vez Martínez.

 

Los únicos casos de aborto no punibles que se mantienen en el nuevo código son para cuando hay riesgo para la vida y salud de la embarazada y para las mujeres con discapacidad mental que hayan sido violadas.

 

La actual norma condena el aborto intencional hasta con seis años de cárcel, mientras que el nuevo código penal que será sometido al Ejecutivo penaliza esa práctica con un techo de 16 años de prisión en caso de muerte de la mujer. AFP

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