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Homenaje a Oswaldo Payá. Testigo y Mártir de la libertad.

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El pasado 22 de Julio vivimos la triste noticia de la muerte de Oswaldo Payá, gran defensor de la libertad humana y de los derechos civiles ciudadanos.


Fundador y organizador del “Proyecto Varela”, fue sin duda discípulo del preclaro religioso cubano, Padre Félix Varela Morales, de quien dijera el Papa Juan Pablo II, en el aula magna de la universidad de la Habana, “Hijo preclaro de esta tierra, considerado por muchos como piedra fundacional de la nacionalidad cubana. Él mismo es, en su persona, la mejor síntesis que podemos encontrar entre fe y cultura cubana.

 

Maestro de generaciones de cubanos, enseñó que para asumir responsablemente la existencia lo primero que se debe aprender es el difícil arte de pensar correctamente y con cabeza propia”.


Dos objetivos marcaron la vida de Oswaldo Payá, la defensa de la libertad y dignidad de la persona y la estructuración de una sociedad civil que garantice tal libertad frente a sistemas totalitarios.


La libertad es el derecho que tiene todo hombre a ser honrado y la honradez y la honestidad son frutos de una total coherencia de vida personal: pensar libremente en cualquier contexto, decir públicamente lo que se piensa y actuar por convicción, es decir, hacer lo que se dice hasta tanto no estar convencido de lo contrario. Y en México, como en Cuba (salvando diferencias), las personas que disienten de la filosofía de Estado han sido sometidas hasta el martirologio. Pero no hay, ni habrá, mayor prueba de desprendimiento, servicio, desinterés y amor que el que da la vida por los demás. Hoy en México y en Cuba se sigue dando la vida por la libertad plena de los demás.


En un Estado que se considere de derecho, ningún ciudadano está obligado a asumir lo que dicho Estado legisla si dichas prescripciones son contrarias a su ética o exigencias de su orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a la doctrina religiosa que abrace. La persona que disiente de conciencia debe estar a salvo no sólo de las sanciones penales, sino también de cualquier sanción en el plano legal, disciplinario, económico y profesional. Cuando las leyes son consideradas injustas, y en nuestro país –como en muchos otros– hay muchas leyes así catalogadas por una gran parte del pueblo; las personas que disienten de ellas no deben ser sometidas a un dilema moral, ni ser obligadas a colaborar unánime y totalitariamente por presiones legales, económicas, políticas o profesionales porque son llamados a colaborar en acciones que consideran injustas y éticamente inaceptables. Por tanto tienen el derecho y la obligación de negarse.


El mejor ejemplo actual lo tenemos en el documento firmado por el Comité Ad Hoc de Libertad religiosa de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, firmado el mes de marzo pasado, donde se dice: “Es esencial comprender la distinción entre lo que es un objetor de conciencia y lo que es una ley injusta. El objetor de conciencia permite la mitigación a los que objetan a una ley justa... Pero, Una ley injusta “no es una ley”, y no se puede obedecer. Por lo tanto, no se busca su mitigación sino su revocación”.




La declaración Dignitatis humanae precisa claramente el derecho que tiene cada persona y cada comunidad a la libertad social y civil, sobre todo en materia religiosa, pero para que esta libertad –que es querida por Dios– pueda ejercerse no debe estar obstaculizada por la acción del Estado. 
La verdad no se impone por la fuerza sino con la misma fuerza de la verdad.  Ninguna sociedad y ningún Estado debe abrogarse el derecho y, por tanto, mucho menos coaccionar a la persona para que actúe contra su conciencia, ni debe impedirle actuar conforme a ella. La libertad religiosa y de conciencia solo le corresponde al hombre de manera individual y así debe ser considerado socialmente.

 
La sociedad civil, por su parte, conceptuada por la doctrina Social de la Iglesia y a partir de la carta encíclica Rerum novarum de su santidad León XIII, es el conjunto de instituciones civiles que a través de sus relaciones, ya sean culturales, económicas, sociales o políticas, garantiza el objetivo último del bien común en la sociedad, a la luz de una democracia participativa.  


Estas instituciones deben ser lo más autónomas posible de la acción del Estado y de la opción política que coyunturalmente esté en el poder. 
En México, como en Cuba (sin pretender alargar más la lista…), a partir de esta concepción, el entramado de la sociedad civil se encuentra extremadamente reducido —diríamos que prácticamente no existe— debido a que, siendo aún pocas, todas las instituciones civiles han sido creadas por el propio Estado. Estas instituciones actúan como poleas transmisoras de los intereses del Estado y responden íntegramente a la plataforma sociopolítica de la “partidocracia”, la cual ha sido concebido como la institución legal suprema, eterna e insustituible, capaz de distribuir y controlar con la mayor eficiencia posible todos y cada uno de los tipos de bienes de la sociedad.



La sociedad civil debe caracterizarse por su gran capacidad de iniciativa y debe estar orientada firmemente para que pueda favorecer una convivencia social más plena, más libre y por supuesto más justa, respondiendo a todos los sectores de la sociedad, incluyendo a los que disienten de la ideología de partido o de Estado —impuesta para que sea acatada por todos—, donde los grupos y asociaciones de ciudadanos se puedan movilizar con total libertad de acción e iniciativa. La sociedad civil, a partir de esta concepción, debe estar apoyada estatalmente para que pueda cumplir con las expectativas de elaborar y expresar orientaciones que garanticen enfrentar las necesidades básicas y fundamentales de la población, defendiendo sus legítimos derechos e intereses. 
Por otro lado, la comunidad política debe concebirse y constituirse verdaderamente para servir y apoyar a la sociedad civil, a las personas y grupos que la conforman y no a la inversa, como ocurre en nuestro contexto político.


La sociedad civil no puede ser considerada un apéndice o una variable o prolongación de la comunidad política, todo lo contrario, es la sociedad civil la que tiene toda la preeminencia, ya que es precisamente dicha sociedad civil la que justifica la existencia de la sociedad política. 



La Iglesia, por su parte, con relación a estos dos preceptos, ha contribuido eficazmente a su esclarecimiento y aspira a que de verdad se haga distinción entre la comunidad política y la sociedad civil desde su visión de la persona humana, como un ser autónomo, que necesita de la autonomía para su desarrollo y crecimiento y que necesariamente vive relacionado con su medio social y que está abierto a la trascendencia. El empeño de la Iglesia es favorecer el pluralismo imprescindible, sano y beneficioso, como complemento para la búsqueda del bien común y no como antagonismo destructivo como quiere hacerse ver que es siempre. La comunidad política y la sociedad civil, aun cuando estén recíprocamente relacionadas e interdependientes entre sí, no son iguales en la jerarquía de los fines. 
Esta visión de la Iglesia, contrasta con aquellas ideologías políticas extremas y reduccionistas, desde las que solo se promueve el individualismo egoísta y cruel, hasta las totalitarias colectivistas que, esgrimiendo la defensa del pueblo y del más necesitado, tienden a absorber la sociedad civil en la esfera de actuación del Estado. La más correcta y adecuada realización del bien común conlleva, transitar por el camino de la democracia partiendo de los principios de solidaridad, subsidiaridad y justicia social, pero respetando y fomentando siempre el uso de las libertades de la persona humana ya que la libertad colectiva o social descansa en la libertad individual de cada persona humana que la constituye.



 Hoy desde esta editorial de Forum Vida, homenajeando al tristemente desaparecido Oswaldo Payá, queremos ser eco del que fue su “leit motiv” y proclamar que México necesita la firme y democrática posición de que el Estado (los partidos) en realidad sirva al pueblo y a la nación y que por fin se produzcan los cambios y las aperturas que la sociedad necesita para que, entre todos y no desde manos exclusivas, se busquen las soluciones en aras del bien común y de la construcción de una verdadera sociedad civil que, defendida y orientada desde la comunidad política, responda a los verdaderos intereses de la nación y no únicamente al Estado y al partido.

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